El palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica, ha negado que la reina Isabel II tratase de presionar al Gobierno, en los pasados años setenta, para evitar revelar detalles de su fortuna personal.
El periódico «The Guardian» sugirió recientemente que los abogados personales de la soberana consiguieron con éxito presionar al Ejecutivo del conservador Edward Heath para modificar un proyecto de ley a fin de ocultar el alcance de su patrimonio.
Estas revelaciones forman parte de una amplia investigación sobre la capacidad de «consentimiento» que tiene la jefa de Estado en materia parlamentaria cuando se debaten proyectos de ley que puedan afectar a los intereses de la Corona británica.
Ese proceso es distinto de la llamada «sanción real» (ratificación), que se aplica cuando Isabel II da su visto bueno formal a una ley aprobada por el Parlamento británico.
A raíz de la investigación, el periódico indicó que la Reina o el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, han tenido acceso a más de mil borradores de leyes antes de que fueran presentados a los diputados para su aprobación.
En concreto, los documentos gubernamentales en cuestión fueron encontrados en los Archivos Nacionales y están fechados en 1973.
Esos textos muestran, según la prensa, que Isabel II, preocupada por que una nueva ley pudiera forzarla a revelar sus intereses privados en compañías, envió a sus abogados para argumentar su caso ante el entonces ministerio de Comercio.
«The Guardian» sugiere que el acceso que tuvo la Reina al borrador de ley, en virtud de ese poder de «consentimiento», le permitió influir en la redacción definitiva de la ley para su ventaja.
Un portavoz del palacio de Buckingham ha salido en defensa de Isabel II al afirmar que el consentimiento es «un procedimiento parlamentario» y que la función de «la soberana es siempre formal, el consentimiento siempre es concedido por el monarca cuando es solicitado por el Gobierno. Cualquier afirmación de que la soberana ha bloqueado una legislación es simplemente incorrecto».
«Sobre si el consentimiento de la Reina es requerido es (algo) decidido por el Parlamento, independientemente de la Casa Real, en cuestiones que afectarían a los intereses de la corona, incluida la propiedad personal e intereses personales del monarca», añadió.
En concreto, el periódico elaboró una lista de 1.062 proyectos de ley que estuvieron sujetos al consentimiento de la reina Isabel II desde su llegada al trono el 6 de febrero de 1952.
Se trata de una variedad de piezas parlamentarias que afectaban a sus propiedades en Balmoral (Escocia) y Sandringham (Inglaterra).
De acuerdo con la lista de las personas más ricas del Reino Unido que publicó el año pasado el dominical «The Sunday Times», la fortuna personal de Isabel II está estimada en unos 350 millones de libras (395 millones de euros).
